Internet
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Señora Directora:
Hace unos días la Subsecretaría de Telecomunicaciones publicó el reporte sobre análisis de tráfico de Internet entre enero y septiembre de 2020. Revisando las cifras, es lamentable darse cuenta del silencio de la autoridad sobre la degradación del servicio de Internet a los usuarios y los problemas de conectividad que afectan a distintos sectores del país. Las dificultades en el acceso y calidad de Internet no pueden ser simplemente reducidos a un problema de consumidores y proveedores: en estos momentos, representan un instrumento esencial para el desarrollo de las actividades educativas y laborales de una parte importante de la población, y por tanto, su incidencia es determinante en la disminución de brechas educativas y económicas mientras dure esta pandemia.
La actividad de los organismos sectoriales para garantizar el acceso a Internet, por otro lado, es un fiel reflejo de su escaso poder fiscalizador y sancionatorio. A modo de ejemplo, llevamos años esperando los beneficios de la tan anunciada Ley de Ductos, que permitiría aumentar la competencia entre proveedores de Internet en edificios. De la misma forma, también nos tomará años conocer el resultado de las acciones judiciales interpuestas contra empresas de Internet por vulnerar los derechos de los consumidores.
Mientras la autoridad decida no adoptar medidas más drásticas contra estas compañías que todos padecemos, los niños y jóvenes continuarán teniendo problemas para seguir los contenidos de sus clases online, y los adultos continuaremos ofreciendo disculpas a nuestros interlocutores por tener un servicio de pésima calidad pese a vivir, literalmente, a pocas cuadras del edificio corporativo del proveedor de Internet.
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